Por: Roberto Díaz | cydnoticias.mx |
La Fiscalía General de la República informó que procederá penalmente contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), como uno de los directivos responsables del incendio del 27 de marzo que mató a 40 migrantes en las instalaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La dependencia dijo que son dos los directivos del Instituto contra los que procederá penalmente, y además de Garduño, el otro implicado en la muerte de los migrantes es Antonio González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua, ya que ambos “incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
Otros servidores públicos contra los que la Fiscalía procedió penalmente son:
- Salvador ‘N’.
- Juan ‘N’.
- Cecilia ‘N’.
- Eduardo ‘N’.
Contra ellos se procedió porque “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”.
En un comunicado, la dependencia federal dijo que con motivo del incendio se inició una investigación que reveló la existencia de una estructura delictiva al interior del INM que se mantuvo pese una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación.
Detalló que la indagatoria se hizo bajo dos líneas paralelas de información; la primera, dentro del INM; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada que prestaba servicios para el organismo cuando fue el incendio.
Explicó que, en la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados.
Agregó que, por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Con Información de Claro y Directo Mx®
