Por: Roberto Díaz | cydnoticias.mx |
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprobó este lunes 17 de abril los artículos del Código de Justicia (CJM) y del Código militar de procedimientos Penales (CMPP) que le otorgaban a las fuerzas armadas la atribución de poder hacer cateos en domicilios particulares y oficinas de dominio público de otros poderes y organismos autónomos con anuencia de la Fiscalía militar.
“Lo anterior por permitir a la autoridad militar ejercer medidas restrictivas que impactaron en la esfera de las personas civiles, sin que fuera requerida la intervención de un juez civil, en términos del artículo 16 constitucional”, señala el resolutivo del máximo tribunal del país.
Asimismo, el Pleno de la (SCJN) invalidó la facultad que se le otorgaba a la Fiscalía de Justicia Militar y a los Ministerios Públicos adscrito a las fuerzas armadas, para intervenir comunicaciones privadas, derivado de que la norma impugnada no precisaba si dichas intervenciones estaban limitadas a elementos castrenses.
Esto quiere decir que los militares no podrán intervenir comunicaciones telefónicas ni de Internet sin obtener antes autorización expresa de un juez de control del fuero civil, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al invalidar varios artículos del Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP) y del Código de Justicia Militar (CJM).
La votación de los ministros declaró inconstitucionales los artículos 81 Bis fracción VII del CJM; el 278, 291, 295 y 296 del CMPP, que además de la intervención de comunicaciones permitían el cateo de domicilios privados y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, todo ello sin autorización de un juez del fuero civil.
El pleno de ministros indicó que, por tratarse de un tema penal, su fallo tendrá efectos retroactivos al 17 de mayo de 2016, fecha en que entraron en vigor las reformas a los códigos militares, por lo que todos los juicios basados en pruebas obtenidas mediante cateos, geolocalización o intervenciones de comunicaciones, realizadas sin autorización de un juez del fuero civil, quedarán inválidas.
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