Por: radio-mejor.com |
Omisiones y falta de perspectiva de género cimbran los procesos de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio del estado de Michoacán. El caso de Frida Santamaría en el municipio de Sahuayo fue expuesto como sintomático a las anomalías, irregularidades y el calvario que viven las víctimas directas e indirectas de la violencia contra la mujer.
Especialistas, activistas, familiares e incluso el gobierno de Michoacán fijaron su postura respecto al actuar de la Fiscalía General de Michoacán y propiamente del Poder Judicial en torno a la liberación del presunto feminicida se la joven de 23 años en el municipio de Sahuayo.
Circe López Riofrío, directora de Humanas sin Violencia AC. Se pronunció preocupada por el actuar concreto del juez y en general, del poder judicial en torno a los casos de feminicidio.
Además de la falta de resultados por parte de los jueces para resolver casos de feminicidio, también cuestionó los resultados de las comisiones victimales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos por no intervenir directamente en favor de las víctimas indirectas.
«Lo que observo es que no tenemos un órgano de control con el poder judicial. He observado las actuaciones del poder judicial y ha sido basura, no ha rendido resultados en perspectiva de género, no la entienden. El proceso por el cual los jueces y juezas de control, los tribunales guardan posiciones nefastas en contra de las Fiscalías por conceptos o por información que se presenta; son agresivos y descalifican el trabajo de la fiscalía. Es un poder ciego, absoluto y nadie ve eso en el poder judicial. La forma es deficiente», acusó.
Por su parte, la doctora Elvia Higuera Pérez subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno del estado también lamentó las omisiones en materia de justicia para las mujeres. La también especialista y activista aseguró que se dará acompañamiento desde el gobierno del estado.
«Por las graves omisiones para garantizar un debido acceso a la justicia, que se han cometido en diversos casos como el caso González, México ha sido sancionado por la CIDH y a través de estas sentencias se han establecido nuevos criterios y estándares para la investigación de casos de feminicidio, así como obligaciones, por ello desde el Gobierno del Estado, hemos señalado de manera sistemática la importancia de atender, no sólo las obligaciones que tenemos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho de acceso a la justicia”, manifestó.
Fue durante la tarde del martes, tras la audiencia celebrada a las 15:00 horas en Jiquilpan, Michoacán en que se dictó la libertad de Juan Paulo N, presunto feminicida de Frida Santamaría.
La sentencia de libertad condicional que habrá de cumplir durante tres años, bajo las medidas acordadas, «pone en riesgo tanto a la familia de Frida, como al proceso en sí, ya que aún se encuentra en apelación y los riesgos de fuga por los recursos económicos, materiales y políticos del imputado son elevados», señalaron los familiares de la víctima.
La familia cuestionó la decisión del juez Mario Sotelo, toda vez que aseguran, no permitió se agotaran las vías de prueba necesarias y suficientes para determinar su efectiva responsabilidad frente al delito de feminicidio, del cual se le acusaba.
Asimismo, reprocharon que, a sabiendas de que se determinó que hay indicios suficientes para investigar, la fiscalía de Jiquilpan no usó, ni presentó las pruebas presentadas por testigos por lo que acusan de intentos de la FGE de intentar favorecer en la reclasificación del delito de feminicidio por el delito de Homicidio Culposo.
Con Información de Radio Mejor
