Margarita Ríos-Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá invalidar los artículos y las porciones normativas del Código Penal Federal. Las cuales sancionan con prisión a las mujeres que abortan en el país.
De acuerdo a un proyecto de sentencia que se presentará en la Primera Sala. Al ser aprobado, se aplicará de manera retroactiva para favorecer a las mujeres actualmente procesadas o con condenas por este delito. Este proyecto cuenta con el respaldo de la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que ha interpuesto un amparo relacionado con este asunto.
En caso de que cuatro de los ministros de la Sala den su apoyo al proyecto, se sentará un precedente legal. El criterio será de obligado cumplimiento en todo el país. En caso contrario, se limitará su aplicación únicamente al amparo presentado por GIRE. La discusión de este tema está programada para el 6 de septiembre en la Primera Sala.
Por tanto, si la propuesta es aprobada, se eliminarán las leyes federales que tipifican como delito el aborto. Además que cualquier autoridad judicial o administrativa, en especial el personal de salud que participe en la interrupción del embarazo y los agentes ministeriales encargados de recibir denuncias relacionadas con estos casos, estará obligada a acatar el fallo.
Así, dado que estas normativas tienen naturaleza penal. Ríos-Farjat sugiere la aplicación retrospectiva para favorecer a las mujeres que están siendo procesadas o ya han sido condenadas por esta infracción.
Grupo de Información en Reproducción Elegida
Este caso surgió a raíz de un recurso de amparo en revisión presentado por GIRE. La organización solicitó que se declararan inconstitucionales los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal. Inicialmente, un juez de distrito rechazó la solicitud, argumentando que el grupo no tenía un interés legítimo y no examinó la demanda. No obstante, un Tribunal Colegiado determinó que la asociación sí tenía el derecho necesario para impugnar estas normativas.
Estos artículos establecen una sanción de seis meses a cinco años de prisión para la mujer o individuo con capacidad de gestación que opta por interrumpir su embarazo de manera voluntaria. Además, disponen una pena de inhabilitación que va de dos a cinco años para el personal de salud y las comadronas o parteras que estén relacionados en el proceso.
Margarita Ríos subraya, además, que la organización no gubernamental GIRE se estableció con el propósito de salvaguardar, preservar y estimular los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñas, lo que abarca sus derechos relacionados con la reproducción, la salud, la igualdad y la no discriminación
Con la información de Rubén Mosso, Milenio Noticias
