Por: cydnoticias.mx |
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de ocho meses a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para regresarle el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Tras una votación de nueve votos a favor y dos en contra, la SCJN aprobó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, a partir del 1 de enero del 2024.
En dicho plazo, la SCJN consideró que se efectuaría debidamente la transferencia.
La sentencia que anuló el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será válida a partir del 1 de enero de 2024, resolvió la Corte.
En su propuesta de efectos, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá explicó que el plazo de ocho meses se otorgó para que el reajuste en las dependencias involucradas se realice de manera ordenada.
Contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional que, por mandato del artículo 24 constitucional, corresponde a la Secretaría del ramo en Seguridad Pública”, explicó.
Además, dijo que se buscó darle certeza jurídica a los elementos de la corporación, que pasará a la jurisdicción de la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez.
Tras definir los asuntos de la invalidez de transferencia de la corporación federal, el pleno de Corte comenzó la revisión del proyecto de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley de la Guardia Nacional de 2019.
El proyecto, elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek, propone, entre otros aspectos, invalidar la autorización para que el personal de la corporación vigile al interior de las estaciones del Instituto Nacional de Migración.
También se declara como inconstitucional la participación de los elementos de la GN en operaciones encubiertas o con usuarios simulados, y la aplicación de técnicas de geolocalización para la investigación de delitos no graves.
Ante lo extenso del tema, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, propuso continuar con el análisis del proyecto en la sesión del próximo lunes 24 de abril.
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