La organización internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió que el proyecto de reglamento sobre “derechos de las audiencias”, presentado por el gobierno de México el pasado 28 de julio, representa una seria amenaza para la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación en el país.
La organización aseguró que la propuesta otorgaría a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones—organismo dependiente del poder ejecutivo—la facultad de imponer multas a los medios que publiquen información calificada por el propio órgano como “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”.
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De ser aprobada, la medida permitiría a las audiencias apelar las decisiones de los defensores éticos internos de los medios ante esta entidad gubernamental, la cual podría revocar resoluciones y sancionar a las empresas periodísticas hasta con el 1% de sus ingresos acumulables anuales.
“La veracidad es un pilar fundamental del periodismo responsable, pero el gobierno no debería ser quien decida si los medios de comunicación están haciendo bien su trabajo”, afirmó Jorge Peniche, investigador senior de HRW para México, quien hizo un llamado a revisar los lineamientos para evitar el amedrentamiento del periodismo independiente.
Aunque la legislación vigente desde 2014 promueve la autorregulación periodística mediante códigos de ética y defensores propios, la nueva propuesta deja la supervisión final en manos de un ente encuadrado en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una secretaría de Estado. HRW enfatizó que, si bien la normativa alude a una “independencia técnica”, los integrantes de la Comisión los propone el Ejecutivo y los ratifica un Senado con mayoría del partido gobernante.
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Los condicionamientos están prohibidos
La organización recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prohíbe explícitamente los condicionamientos estatales previos —como exigir veracidad o imparcialidad— al considerarlos incompatibles con tratados internacionales firmados por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La controversia escala en un contexto donde se utiliza el espacio oficial “Derecho de réplica” en las conferencias desde Palacio Nacional para señalar de forma constante a periodistas y medios. HRW concluyó que la mejor defensa contra la desinformación es garantizar la pluralidad de fuentes, y no la creación de un organismo estatal con poder para sancionar coberturas críticas o incómodas para el poder.
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Fuente: Noticias de México
