“Aunque (Tim) Golden podría disfrutar el debate, no aparecerá en el programa matutino”, respondió así el editor en jefe del medio ProPublica, Stephen Engelberg, a la invitación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al periodista.
Lo anterior luego de que en ese medio se publicara un reportaje de Golden sobre supuestas aportaciones del narcotráfico a la campaña presidencial de AMLO en 2006.
En una publicación hecha este viernes, el editor en jefe del medio responde que el reportero hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de López Obrador antes de que se publicara el artículo, pero no hubo respuesta.
“Nos comunicamos con el portavoz principal del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”, indicó.
Refirió que ha solicitado una entrevista con López Obrador sobre la historia y las preguntas que plantea, e indicó que “hablaríamos con él como lo haríamos con cualquier otro jefe de Estado, no para un episodio del segmento habitual de la mañanera que él llama “¿Quién es quién en las mentiras? “
“Creo que es útil involucrar al presidente en las preguntas legítimas que ha planteado sobre por qué estamos haciendo este informe y cómo lo hicimos”, dijo.
El miércoles, López Obrador retó a Golden a ir al Palacio Nacional en la Ciudad de México para responder preguntas sobre los orígenes del reportaje, por qué se escribió y la identidad de sus fuentes en Estados Unidos y México.
“Esperamos que López Obrador nos conceda una entrevista, pero de cualquier manera seguiremos escribiendo sobre la corrupción mexicana y la política estadounidense”, sostuvo.
Reportaje de ProPublica sobre supuestas aportaciones del narco a campaña de AMLO
Al respecto el medio señala que el reportaje, que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y anteriores y una revisión de documentos gubernamentales, reveló la existencia de una investigación previamente secreta por parte de la DEA sobre donaciones reportadas a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 por parte de traficantes que trabajaban con el grupo llamado Cártel de Sinaloa.
Recordó que el caso comenzó cuando un abogado mexicano especializado en drogas que trabajaba como informante para la DEA informó en 2010 que había participado en la reunión en la que se negociaron por primera vez las donaciones, dijeron funcionarios. Informó haber entregado la mayor parte de los fondos acordados a un operativo de la campaña de López Obrador de 2006, Mauricio Soto Caballero. Luego, el informante atrajo a Soto para que participara en un pequeño negocio de cocaína. Agentes de la DEA arrestaron a Soto en McAllen, Texas, y aceptó trabajar encubierto para los estadounidenses para mantenerse fuera de la prisión federal.
Al final, otros tres testigos, incluido Soto, confirmaron el relato del abogado antidrogas a la DEA, dijeron las autoridades. Para reunir más evidencia para un posible caso de corrupción, la DEA hizo que Soto grabara subrepticiamente dos conversaciones con el hombre a quien dijo que le había dado la mayor parte del dinero de los traficantes, Nicolás Mollinedo Bastar, uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador.
Los fiscales del Departamento de Justicia revisaron las cintas y las encontraron incriminatorias pero no decisivas, dijeron personas familiarizadas con el caso. Los agentes de la DEA querían seguir adelante con una operación encubierta más elaborada dentro de México, pero los funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron ese plan a finales de 2011, en parte por temor a que incluso un procesamiento exitoso fuera visto por los mexicanos como una atroz intromisión estadounidense en su política.
El caso se cerró y, hasta donde sabemos, los investigadores estadounidenses no llevaron a cabo más investigaciones sobre los posibles vínculos de López Obrador o su círculo íntimo con los narcotraficantes, indicó ProPublica.
Reportaje de Tim Golden, ¿una filtración orquestada?
Al señalar que algunos críticos de sus informes han preguntado por qué investigan una acusación de corrupción que se remonta a 2006, dijo que es una pregunta justa, y que lo consideran como un estudio de caso de las presiones conflictivas que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de una posible corrupción en México.
Mientras que algunos funcionarios estadounidenses creen que controlar la corrupción gubernamental debería ser responsabilidad de México, otros señalan que la colusión gubernamental ha sido un elemento crucial (junto con una frontera porosa de 2 mil millas y un vasto mercado ilegal de drogas en Estados Unidos) que ha alimentado la actividad de las bandas de narcotraficantes. convertirse en una fuerza criminal global.
Agregó que a pesar de los abrazos, la violencia criminal en México se mantiene en niveles históricos. Después de más de 15 años y 3 mil 500 millones de dólares en ayuda estadounidense, los esfuerzos bilaterales para reformar el sistema de justicia penal de México han fracasado gravemente.
“Si bien podría decepcionar a López Obrador, no revelamos las identidades de los funcionarios gubernamentales actuales y anteriores que hablan con nosotros para estas historias”, indicó al tiempo que ofreció algo de contexto sobre el último artículo.
Aseguró que esta no fue una filtración orquestada; los funcionarios de la administración Biden con quienes hablaron estaban “uniformemente consternados de que fuera a aparecer”. Una disputa con un presidente mexicano –y mucho menos cualquier amenaza de conflicto en el frente migratorio– no es el telón de fondo que les gustaría ver para las elecciones presidenciales de 2024.
Recordó que Tim Golden, dos veces ganador del Premio Pulitzer, fue corresponsal en México del diario The New York Times, y luego como reportero de investigación para ese medio y ProPublica. Agregó que si bien Golden tenía buenas fuentes dentro del gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, también produjo docenas de historias profundamente reportadas sobre la explosión del tráfico de drogas en ese sexenio.
Sobre este reportaje ProPublica reveló que retrasaron su publicación “para atender una solicitud de la DEA de que no mencionemos ninguna fuente gubernamental confidencial”.
