Este lunes, la Administración de Joe Biden y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) han llegado a un acuerdo de conciliación propuesto que, si es aprobado, proporcionaría beneficios para miles de familias de migrantes separadas bajo la polémica política de “tolerancia cero” de la administración Trump para disuadir los cruces ilegales en la frontera sur.
Según el acuerdo propuesto, el Departamento de Justicia señala que se establecerían nuevos estándares para limitar las separaciones de familias de migrantes en el futuro.
El acuerdo prohibiría las separaciones a menos que existan preocupaciones sobre el bienestar del niño migrante, cuestiones de seguridad nacional, emergencias médicas o en casos de órdenes de arresto por delitos.
El acuerdo también proporcionaría servicios de apoyo continuo para aquellos que fueron separados de sus familias cuando Trump era presidente, incluyendo la cobertura de los gastos médicos incurridos durante o debido a las separaciones.
Un juez federal deberá revisar y aprobar el acuerdo, según informó un funcionario del Departamento de Justicia en una conferencia telefónica con periodistas.
El acuerdo permanecería en vigor durante seis años, según el funcionario del Departamento de Justicia.
“La práctica de separar a las familias en la frontera suroeste fue vergonzosa”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado. “Este acuerdo facilitará la reunificación de las familias separadas y les proporcionará servicios críticos para ayudar en su recuperación”.
La ACLU dijo que, bajo el acuerdo, más de 3,900 niños y sus familias serían elegibles para un alivio temporal de la deportación futura por hasta tres años, con la posibilidad de renovación. Los miembros de esas familias también recibirían autorizaciones de trabajo.
Múltiples familias afectadas por la política de “Tolerancia cero” de Trump
En total, más de 4,000 familias, incluyendo 290 niños que son ciudadanos estadounidenses, fueron separadas en la frontera sur bajo la política de “tolerancia cero” de la administración Trump, según un funcionario de alto rango de la administración, quien agregó que la cifra total cambia a diario porque las familias continúan registrándose para los servicios de reunificación que fueron previamente ordenados por un juez federal.
Hasta ahora, en los últimos tres años, hemos contactado a aproximadamente 1,300 familias y en este momento, más del 75% de las familias originalmente identificadas que fueron separadas o bien se han reunificado o se les ha proporcionado la información que necesitan para comenzar el proceso de reunificación”, dijo el funcionario de alto rango, señalando que 3,000 niños fueron reunificados por organizaciones no gubernamentales.
La ACLU estima que alrededor de 700 familias han sido reunificadas, y cree que hasta 1,000 niños aún permanecen separados de sus padres.
El acuerdo también establece procedimientos para mantener un registro de la ubicación de los miembros de la familia separados y garantizar que esa información se comparta en circunstancias limitadas donde se permitirán las separaciones”, según el funcionario del Departamento de Justicia.
El gobierno cubrirá algunos costos de vivienda para aquellos que se vieron afectados y extenderá la libertad condicional para aquellas familias que aún no se han reunido, según el funcionario.
Los migrantes con antecedentes penales o que representen problemas de seguridad nacional no serían elegibles para el acuerdo, según los funcionarios.
Durante cuatro meses en 2018, la administración Trump separó a las familias en la frontera sur como forma de disuasión para ingresar ilegalmente, según el entonces fiscal general Jeff Sessions.
