México ha recuperado 1,126 concesiones mineras que abarcan 889,502 hectáreas, como parte de la política de revisión del sector extractivo, informó la Secretaría de Economía (SE).
La cifra equivale, por ejemplo, a una superficie mayor que la extensión total de algunas ciudades del país, lo que da una idea del tamaño del terreno que ha regresado al control del Estado.
José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, señaló que “al día de hoy hemos recuperado 1,126 concesiones mineras que representan 889,502 hectáreas”.
Explicó que una parte importante de esa superficie corresponde a zonas protegidas, ya que dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250 mil hectáreas ubicadas en áreas naturales protegidas.
Las cancelaciones, detalló el funcionario, se han sustentado principalmente en incumplimientos legales por parte de los concesionarios. Entre las razones más frecuentes está la falta de pago de derechos. La ley establece que, si existe un retraso de dos años en estos pagos, la concesión puede ser cancelada.
También se contemplan sanciones por omitir informes técnicos, estadísticos y de obras. Estos documentos son fundamentales para demostrar que existe actividad real en los proyectos mineros. Si no se presentan, explicó Aboitiz, significa que las concesiones están “ociosas”, es decir, sin producción y únicamente retenidas con fines de especulación.
Además de las cancelaciones, el funcionario indicó que ha habido devoluciones voluntarias por parte de empresas mineras, como resultado del diálogo entre autoridades e industria. Sin embargo, aclaró que estas representan un número menor dentro del total de 1,126 concesiones recuperadas.
En cuanto a la distribución territorial, las revisiones se han realizado prácticamente en todo el país, excepto en Campeche, Quintana Roo y Tabasco, estados donde, según explicó, prácticamente no existe actividad minera. Las mayores reducciones de concesiones se concentran en entidades con tradición minera como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco.
Estas acciones forman parte de la política minera impulsada en los últimos años por el Gobierno de México, que busca fortalecer el control administrativo de las concesiones, proteger el medio ambiente y evitar la especulación con terrenos que no están siendo explotados de manera productiva.
